Condenados exjueces que ordenaron pagar más de 5.202 millones de pesos a extrabajadores de la desaparecida Telecom
Deberán cumplir más de 11 años de prisión como responsables de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
La contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que Tribunal Superior de Cartagena condenara a Alí Antonio Silva Cantillo y José Luciano España Tovar, dos exjueces promiscuos de El Carmen de Bolívar (Bolívar), que fallaron de manera irregular tutelas que afectaron el patrimonio de la extinta Telecom.
En agosto de 2009, una abogada presentó una tutela en nombre de 19 extrabajadores de Telecom, con la cual buscaba que se les reconocieran prestaciones sociales, aportes a seguridad social y aumento salariales con los respectivos intereses causados desde 2006. Los peticionarios que pertenecieron a una agremiación sindical, habían perdido el fuero, y la entidad los retiró y liquidó en su momento.
La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró que el entonces juez Silva Cantillo dio trámite a la tutela y ordenó el pago de 5.202 millones de pesos en favor de los accionantes. Adicionalmente, dispuso el embargo de las cuentas de Telecom hasta que se desembolsaran los dineros. A su vez, España Tovar, en segunda instancia, ratificó el fallo.
La Fiscalía estableció que los dos exservidores judiciales no eran competentes para conocer la tutela porque los reclamantes no vivían en El Carmen de Bolívar, la liquidación que recibieron de Telecom estaba ajustada a la ley vigente y habían perdido beneficios sindicales por lo que no podían mejorar sus mesadas. Adicionalmente, la acción de amparo se presentó tres años después de ocurridos los hechos y era extemporánea.
En ese sentido, Silva Cantillo fue sentenciado a 12 años de prisión y España Tovar a 11 años. Los dos fueron declarados responsables de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, deberán cumplir la pena en centro carcelario y pagar multas superiores a los 5.240 millones de pesos.
