Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tránsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop
Fueron imputados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily Cop.
La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a 11 personas por su implicación en un fraude que perjudicó a más de 120.000 inversores en Colombia. La criptomoneda colombiana Daily Cop, plataforma en la que numerosos ciudadanos depositaron su dinero esperando rendimientos elevados, ha resultado ser parte de un esquema de captación ilícita.
Se trata de Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, los representantes legales de las empresas que hicieron parte del Holdingcreado para darle tránsito y apariencia de legalidad a los dineros captados por una supuesta inversión en criptomoneda. Adams Suárez, era además contador y revisor fiscal de varias de las compañías implicadas. Un cuarto investigado es Cristian Camilo Giraldo López, quien sería el encargado de promocionar y recibir los dineros en Bogotá.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Cali (Valle del Cauca) y Bogotá. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados.
Daily Cop fue un modelo de inversión en monedas virtuales, que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales. Los recursos eran consignados a las cuentas de empresas asociadas, entre estas las de los hoy procesados, y presuntamente utilizados para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama. En ese sentido, quienes confiaban sus ahorros no recibían los dividendos prometidos.
Por ahora, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias con 113 víctimas, que comprometen algo más de 8.000 millones de pesos.
Los cuatro nuevos judicializados por estos hechos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.