Fiscalía ocupa con fines de extinción del dominio bienes avaluados en más de 15.300 millones de pesos que estarían a nombre de testaferros del ‘Clan del Golfo’

Las propiedades están ubicadas en municipios de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.

El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la estrategia ‘Argenta’, para poner en evidencia el patrimonio ilícito de la criminalidad organizada y el narcotráfico permitió identificar 40 bienes, que estarían a nombre de posibles testaferros del ‘Clan del Golfo’.

Se trata de 22 inmuebles, 7 vehículos, 3 sociedades comerciales y 8 establecimientos de comercio, los cuales fueron ocupados con fines de extinción de dominio en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la DIJIN de la Policía Nacional en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.

Las propiedades superan en valor los 15.300 millones de pesos. Los elementos de prueba recopilados por una fiscal del Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico-Financieros de la Delegada contra las Finanzas Criminales dan cuenta de que pertenecerían a una red ilegal señalada de comprar y vender bienes muebles e inmuebles con los recursos ilícitos.

Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, sería el cabecilla de esta organización, que también habría constituido varias empresas para ocultar los dineros producto del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y la extracción ilícita de minerales.

En el curso de la investigación se estableció que la estructura criminal conformó una compañía con un patrimonio inicial de 6 millones de pesos; sin embargo, en apenas un mes adquirió varias propiedades por las que pagó 1.080 millones de pesos en efectivo. Uno año después fue creada otra sociedad, de la que harían parte seis hoteles ubicados en Antioquia, que presuntamente sirvió para mover ganancias ilícitas del ‘Clan del Golfo’.

En 2019, la Fiscalía judicializó a Rosemberth Sánchez Ahumada, a uno de sus hermanos y varios de sus posibles colaboradores por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, entre otros delitos.

Los bienes afectados con medidas cautelares fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.