Fiscalía logra condenas por entramado de corrupción que dispuso de los recursos de la salud de Silvia (Cauca) para realizar operaciones bursátiles

El exmandatario municipal entregó más de 1.500 millones de pesos a una empresa privada que los invirtió en Títulos de Tesorería (TES). Con esta maniobra ilegal se causó un detrimento patrimonial de 474 millones de pesos.  

La Fiscalía General de la Nación obtuvo pruebas suficientes para demostrar la existencia de un entramado de corrupción en Silvia (Cauca), que invirtió mal los excedentes de liquidez de los recursos de la salud para realizar operaciones en el mercado bursátil. 

En ese sentido, un juez penal de conocimiento condenó al exalcalde del municipio, Gabriel Eduardo Pillimue Potosí, a ocho años y seis meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales; al extesorero Kevin Amilkar Calambás, y a los particulares Héctor Jairo Bonilla López y José Fernando Naranjo Zambrano a seis años de prisión por el delito de peculado por apropiación.  

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que, en febrero de 2008, los entonces alcalde y tesorero de Silvia entregaron 1.500 millones de pesos a Naranjo Zambrano, quien era asesor comercial de una empresa privada, cuyo gerente era Bonilla López. 

De esta manera, la administración municipal confió recursos públicos a una empresa con el propósito de que los invirtiera en Títulos de Tesorería (TES) del Banco de la República. Esta actuación se respaldó con la firma de una ‘nota estructurada’, la cual precisaba que la Alcaldía de Silvia recibiría 73 millones de pesos en seis meses por concepto de intereses. 

La investigación permitió conocer que, previo al direccionamiento del dinero, los exfuncionarios no realizaron estudios previos para sustentar la necesidad y conveniencia de realizar la inversión en TES. Adicionalmente, evidenció que la empresa privada que administró los 1.500 millones de pesos no estaba autorizada para ejercer funciones de banco, corredora de valores ni estaba inscrita o reconocida en las bolsas de valores, por lo que no podía captar dinero. 

Asimismo, se identificó que los intereses finales por la operación generaron intereses por encima de los 500 millones de pesos. Sin embargo, la administración municipal sólo recibió 73 millones, como se había pactado de manera irregular, por lo que se ocasionó un detrimento patrimonial que ascendió a 474 millones de pesos. 

El fallo en contra de los involucrados impuso multas, de 488 millones de pesos para el exalcalde Pillimue Potosí y de 474 millones de pesos para los demás sentenciados. También precisó que la pena deberá cumplirse en centro carcelario tan pronto quede ejecutoriada la condena. 

La decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.