Ni un peso más a contratista incumplido: Alcaldesa en debate por CGR Doña Juana

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, asistió este martes al debate de control político citado por la Comisión Quinta del Senado de la República para exponer los múltiples incumplimientos del Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana (CGR), en desarrollo del contrato de concesión 344 de 2010.

En su intervención, la mandataria aseguró con vehemencia que, “hoy después de tener más de 13 multas vigentes por incumplimientos de las autoridades ambientales y la Superintendencia, CGR pretende que le paguemos 1,2 billones de pesos como si en efecto hubiese optimizado la planta de tratamiento de lixiviados desde el 2010 hasta la fecha”.

Insistió que mientras esté al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no pagará un peso a los contratistas incumplidos. “Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un sólo peso más a un contratista incumplido”, sostuvo.

En este tuit, la alcaldesa, Claudia López, se refiere al incumplimiento del Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana:

Cabe señalar que el Distrito Capital recurrió a un equipo de defensa experto y riguroso para enfrentar este proceso jurídico. “No vamos a dejar que se estafe a la ciudadanía. El 11 de abril se decidirá la vida, los derechos y el bolsillo de los bogotanos”, explicó la Alcaldesa Mayor, tras conocer que en las últimas horas el Tribunal de Arbitramiento aplazó la decisión del fallo.

“Los señores de CGR deben saber que Bogotá tienen alcaldesa, que tiene concejales y que tiene congresistas, y que tiene un gobierno local y nacional que están dispuestos a defender los derechos de los ciudadanos y sus bolsillos. Porque el control político funciona”, enfatizó la alcaldesa López.

Sobre la decisión del Tribunal, la Alcaldesa dijo que el Distrito ya pidió dar por terminado el contrato ante el incumplimiento de CGR. “Eso esperamos que respalde el tribunal, que terminemos esa concesión e iniciemos el proceso para cumplir el acuerdo de emergencia climática. Esta es una controversia jurídica sobre un tema ya fallado”, resaltó la mandataria, al recordar que la Procuraduría ya emitió un pronunciamiento imparcial, respaldando todas las solicitudes del Distrito.

Al tiempo, agregó que se le está pidiendo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la licencia ambiental para reorganizar el predio de doña Juana como parque de innovación tecnológica. “Nos estamos preparando institucionalmente para establecer acuerdos mixtos para no volver a quedar solamente en manos de privados. Por eso nos estamos reorganizando con la UAESP y Aguas de Bogotá para acometer esa prestación del servicio”, insistió.

A su turno, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, dijo que este “es un negocio para el operador, que no beneficia a la ciudad, porque no ha respetado los derechos ambientales de los ciudadanos”, e indicó que se hará un “seguimiento sistemático” a los 24 procesos sancionatorios contra el consorcio.

En ese mismo sentido, confirmó que el Ministerio de Ambiente enviará una comisión para verificar la toma de muestras del vertimiento actual en doña Juana. “Las autoridades ambientales no nos vamos a quedar observando cómo se viola flagrantemente la norma ambiental y cómo se pone en riesgo el ambiente”, añadió.

Durante el debate, la Alcaldesa Mayor pidió que en el marco del Plan Nacional del Desarrollo (PND) se puedan regular los estándares técnicos que permitan fijar las tarifas para el tratamiento de residuos sólidos. En ese contexto, concluyó que hoy en día los bogotanos están pagando 24.000 pesos, diez veces más la tarifa pactada.

“No cumplieron el objeto del contrato, tampoco el fallo de 2018, y la administración distrital que tiene un fallo a su favor no lo conminó con todo a que cumpliera, y entonces nos vuelven a demandar por un fallo que ya perdieron, disfrazado con otra retórica, diciendo de nuevo que, si cumplieron y que el Distrito debe hacer un pago retroactivo, y ahora dicen que les debemos 1,2 billones de pesos”, rechazó tajantemente.

Primer pleito: La controversia por el Relleno Sanitario y las obligaciones más importantes del contrato

CGR Doña Juana, en vista de que no habría cumplido con el contrato de concesión presentó un primer tribunal arbitral con el ánimo de discutir las más importantes actividades, entre otras la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados. Buscaba que se declarara el incumplimiento de la UAESP y en consecuencia que, la entidad asumiera el costo integral de las actividades concesionadas.

“Por culpa de un operador que no cumple está siendo sancionada la UAESP. Esta es una tortura que está viviendo la ciudad desde 2010. Ese contrato tiene un objeto muy puntual, que es asegurar la adecuada disposición de residuos sólidos y el tratamiento de lixiviados”, indicó.

En respuesta, la UAESP presentó una demanda de reconvención en contra de CGR Doña Juana pretendiendo que se declarara el incumplimiento del contratista y condenarlo a realizar en un término perentorio a cumplir lo pactado. En el mes de septiembre de 2018, el Tribunal falló de forma íntegra a favor de la UAESP y le ordenó al contratista a realizar todas las actividades del contrato incluyendo las actividades e inversiones necesarias de la planta de lixiviados.

La Alcaldesa Mayor advirtió que ese primer pleito lo ganó en su cabalidad el bolsillo de los bogotanos. “Todas las pretensiones fueron negadas por el Tribunal de Arbitramento y decidieron que el que había incumplido era CGR, y lo condenaron a cumplir el objeto del contrato”, recordó.

Segundo pleito: la demanda multimillonaria que busca ocultar el incumplimiento del laudo de 2018 y su mala operación

Cumplidos los tiempos otorgados en la decisión a favor de la UAESP y ante el inminente cambio de administración, como una estrategia para limitar las acciones en su contra por la precaria operación en Doña Juana, el concesionario CGR volvió a presentar una demanda en la que pretende que la ciudad le reconozca la suma de COP$1.195.714.418.869 por lo que habría sido la tarifa que, a juicio del contratista, debió recibir porque según ellos queda en evidencia que su remuneración era insuficiente.

Por su parte, la UAESP advirtió que con la demanda del concesionario vendría un mecanismo para no cumplir el contrato ni el laudo de 2018, decidió contrademandar y pedirle al tribunal que declare la terminación del contrato por el incumplimiento grave y definitivo, buscando un reconocimiento a título de indemnización por la suma de COP $279.006.974.290

Es así como después de 13 años de ejecución del contrato más de 8 han transcurrido en tribunales arbitrales sin que a la fecha se haya cumplido el contrato. “Este contratista ha tratado de ‘jugarnos la doble’ de dirimir temas contractuales como si fueran tarifarios, y temas tarifarios como si fueran contractuales”, expresó la alcaldesa Claudia López.

Durante el debate de control político, la mandataria de la ciudad, reiteró que la Unidad Administrativa de Servicios Público (UAESP) instauró una acción judicial ante la Fiscalía General de la Nación contra Mauricio Bernal Marcucci, en su calidad de representante legal del consorcio y contra todos quienes hayan actuado en representación del consorcio desde el año 2010.

Recordó que, el contratista (CGR) se comprometió en ocho meses a optimizar la planta de lixiviados, e incluso dijo – en su momento- que se ganó la licitación porque ofreció un descuento hasta del 10 %. “Pero resulta que pasaron los ocho meses y no se cumplió, y se empezó a dar largas, y empezaron auditorías e interventorías”, agregó.

La optimización de lixiviados consiste en adelantar todas las actividades asociadas a la implementación de nuevos equipos y tecnologías para garantizar el cumplimiento de la normatividad de vertimientos aplicables. “Es un contratista de mala fe, que dilata, que incumple, que miente”, sostuvo López.

Aquí, la trasmisión del debate de control político sobre CGR Doña Juana